Tarea 3 (ABAI 2). Un caso de "fraude" histórico: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular

Quizá describir lo que voy a tratar como fraude sea ir demasiado lejos. Por eso lo pongo entre comillas en el título de la entrada. Pero, por razones que paso a explicar ahora, estamos como mínimo ante un caso muy grave de mala praxis, con elementos que, esta vez sí, podrían clasificarse como fraudes.

En la historiografía contemporánea española actual, el consenso en torno a lo sucedido entre el 17 y el 25 de julio de 1936 es prácticamente unánime: un golpe de Estado planificado desde el minuto 0 de la proclamación de la Segunda República Española por carlistas, falangistas, militares africanistas y monárquicos, con la ayuda de los grandes capitalistas industriales, agrarios y banqueros españoles e internacionales, entrenamiento militar y armamento de la Alemania nazi y la Italia fascista. Basta con consultar la documentación elaborada por los cabecillas de la conspiración para que esto salte a la vista, porque estaban tan orgullosos de lo que hicieron que ni se molestaron en esconderlo. Una perspectiva compartida por historiadores e historiadoras de ambos lados del espectro político. 

Sin embargo, en el último cuarto de siglo han aparecido autores (porque llamarlos historiadores es un insulto a la profesión) que hacen gala de un notable revisionismo histórico para demonizar la República y legitimar el golpe. Pío Moa, César Vidal, Stanley Payne (un gran historiador en años anteriores que se fascistizó con el tiempo y perdió toda respetabilidad) y otros tantos, alineados con las tesis de la ultraderecha. Una de sus principales tesis es la ilegitimidad del gobierno del Frente Popular, que habría ganado mediante fraude y coacción las elecciones generales de febrero de 1936. 

Esa es la base del libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (2017), escrito por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Resumiendo mucho ese despropósito, los autores sostienen que los partidos españoles de izquierdas llevaron a cabo una campaña de violencia que obligó al presidente de la República a dimitir y, en ese caos, manipular las actas electorales. Esto posibilitó que Manuel Azaña, del Frente Popular, llegase a la presidencia, legitimando este fraude y otorgándole a la izquierda una mayoría absoluta que no debió tener. 

Medios como El Mundo, que nunca se han preocupado en exceso por la historia ni la verdad, le dieron visibilidad a este libro y lo describieron con adjetivos grandilocuentes como "una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación". Escribían Joan Benach y José A. Tapia que un trabajo podía retrasar su publicación, o no publicarse, debido a razones políticas e ideológicas. Casi no hace falta decir que un libro como este no tardó demasiado en publicarse y que se vendió como churros. Era la oportunidad perfecta para que ciertos sectores políticos y sociales pudiesen reforzar sus convicciones antirrepublicanas, revisionistas y reaccionarias bajo una apariencia de intelectualidad historiográfica.

Álvarez y Villa llegan muchos años tarde. Concretamente, 88, porque su argumento es casualmente idéntico al que la dictadura franquista empleó en la elaboración del Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, un panfleto que pretendía demostrar la ilegalidad del gobierno frentepopulista para justificar su propio golpe. Los autores se limitan a quitarle al FP los 50 supuestos escaños "ilegítimos", en vez de recalcular el reparto de asientos de acuerdo a los resultados "reales", concluyendo que su mayoría absoluta fue ilegítima. Casualmente, el "verdadero" reparto de escaños es casi idéntico al de este Dictamen. Para hacernos una idea de su credibilidad, fue incorporado como pieza fundamental en la Causa General, la obra propagandística por excelencia del franquismo, de tal rigor que el gran José Luis Ledesma ha demostrado que la misma persona aparece en 10 lugares diferentes.

Eduardo González Calleja y Francisco Sánchez Pérez, dos grandes historiadores de la Universidad Carlos III, se vieron prácticamente en la obligación de publicar un artículo para desmentir lo que este libro afirmaba. Saben de lo que hablan: González Calleja es uno de los mayores expertos en violencia durante el primer tercio del siglo XX en España, mientras que Sánchez lo es en la conflictividad social y las protestas en el Madrid de la misma época. Retomando el artículo de Benach y Tapia antes mencionado, González Calleja y Sánchez vieron toda una serie de prácticas cuando menos cuestionables. 

Por citar unos ejemplos, cuando Álvarez y Villa hablan de la violencia y la coacción de la campaña, culpan casi exclusivamente a las izquierdas. Descontextualizan aspectos como la relación entre las derechas y la violencia contrarrevolucionaria falangista, el caciquismo rural, o que la sustitución de los gobernadores civiles que hizo la izquierda era una práctica completamente habitual tras cada elección general republicana. Supuestamente, todo esto fue un fraude orquestado por autoridades municipales y provinciales, con apoyo de agitadores, cuando todas esas autoridades izquierdistas habían sido destituidas de sus cargos tras el fracaso de la huelga general revolucionaria de 1934. Ya tiene mérito organizar un fraude cuando no tienes ningún poder institucional... Además, González Calleja y Sánchez revisaron las actas y, calculando un nuevo reparto de escaños que no se limitara a quitarle al FP todos los asientos supuestamente "ilegítimos", dedujeron que se habría quedado a un escaño de la mayoría absoluta, en el más catastrófico e imposible de los casos. Si hubo irregularidades, que las hubo, no fueron decisivas en absoluto. La mayoría absoluta fue totalmente legítima.

Otro aspecto es que Álvarez y Villa omiten voluntariamente muchos detalles, como que el día después de las elecciones el diario ABC, nada sospechoso de izquierdista, difundió unos resultados provisionales muy parecidos a los definitivos, días antes de que el supuesto fraude hubiese tenido lugar. Las derechas españolas, incluso las fascistizadas, admitieron su derrota en 1936; esta idea del pucherazo no aparece en ningún momento en la biografía de José María Gil-Robles, líder de la CEDA, principal partido de derechas de la época. Asimismo, este supuesto fraude ya lo desmontaron José Venegas, en 1942, y Javier Tusell, en 1971. Tampoco hay mención alguna en el libro a la amenaza de golpe de Estado o de imposición del estado de guerra durante o tras las elecciones, que buscaría invalidar los resultados electorales, y que a fin de cuentas fue la principal causa de la dimisión del presidente del Consejo de Ministros Portela.

Todo esto, que ya es bastante grave, sin entrar en las contradicciones. Álvarez y Villa dicen en un momento que, básicamente, todo fue bien hasta que el día 19 dimitió Portela. Esto justo después de ofrecernos una miríada de incidentes y desmanes anteriores al 19 de febrero de 1936, con su buena ración de sensacionalismo que no se sabe muy bien a cuenta de qué viene. En otro punto mencionan que fueron las elecciones más parciales de la historia de España. Vaya usted a saber qué significa eso. Si se refieren a las más corruptas, como creen González Calleja y Sánchez, habría que recordarles el escandaloso historial de fraude electoral, corrupción y clientelismo que sufrieron las citas electorales españolas desde 1876 hasta 1923. Los cambios que pudiera haber entre la primera y la segunda vuelta, que Álvarez y Villa achacan al fraude, habría que buscarlos en la historia local, bien provista de ejemplos municipales que, por lo que sea, no se mencionan. Lo mismo con la violencia: si la hubo, es porque antes la había habido en esos mismos lugares. Tal como lo leen. Los intereses municipales, las redes clientelares y los factores socioeconómicos ni están ni se les espera.

Hay algún espacio también para la mentira, pero es bastante menor comparado con el resto, razón por la que antes he hablado de "fraude", con comillas. Álvarez y Villa afirman que González Calleja defiende que la policía aplicó una represión de clase a los manifestantes. Cosa que el propio González Calleja desmiente. 

Por último, Álvarez y Villa hacen un uso acrítico de fuentes como el Dictamen, copiando descaradamente su maniqueísmo. Como en este, los policías eran cumplidores ejemplares del orden que solo respondieron a ataques previos, y los manifestantes unos bárbaros sedientos de sangre. Pero, al mismo tiempo, recoge que las elecciones se celebraron en paz y civismo gracias al despliegue policial. El Dictamen puede tener aspectos útiles, como la Causa General, pero conviene contextualizarlo como merece para quitar las toneladas de propaganda de la poca verdad que pudiera haber. Parece que se les olvidó.

Incluso si ese fraude hubiese sido real, sería uno lamentable. Como destacó Santos Juliá, otro gran historiador, en aquellas elecciones las izquierdas sumaron menos votos que el centro y la derecha juntos; si los segundos lograron menos escaños fue porque el sistema electoral republicano, que en 1933 les había dado la victoria, premiaba las listas conjuntas. En 1933, la izquierda fue dividida, y el centro y la derecha unidos. En 1936, fue a la inversa. ¿Qué clase de fraude te da menos votos que a tus oponentes políticos?

Álvarez y Villa dicen que no ponen en duda la legitimidad republicana, porque la violencia no fue suficiente para interferir sustancialmente en el proceso. González Calleja y Sánchez son muy malpensados, e intuyen que es una excusatio non petita de manual. Una tremendamente incoherente también, porque dos páginas después afirman que esta coacción influyó en el recuento. 

González Calleja y Sánchez acaban su crítica diciendo que los autores bien podrían haberse ahorrado esta reedición de la propaganda franquista. Han buscado pruebas de este "fraude", y como no las han encontrado, han cogido citas de aquí y allí sin explicar su origen, han reinterpretado la documentación como les ha dado la gana y han descontextualizado otras tantas fuentes. Todo para poner en duda, sin ningún tipo de base, un proceso electoral no muy distinto al de cualquier otro de la época en la Europa occidental. El resultado puede gustar más o menos, pero fue completamente legal. Pero claro, si el Frente Popular hizo un pucherazo, eso es que era un gobierno ilegítimo y que el golpe, aunque malo, no estuvo tan mal como nos han hecho creer.

Por desgracia, como nos recuerdan también Benach y Tapia, la mayor parte de los artículos apenas tiene eco social. Y vista la fuerza que está tomando la ultraderecha en España, no será la última vez que tengamos que tratar ni desmontar a estos farsantes. Ya lo hicieron difundiendo el bulo de que el PSOE se opuso al voto femenino. Quién sabe si el año que viene no tendremos que desmentir que las elecciones municipales que trajeron la República fueron también un fraude.